Hace nueve años el Gobierno aprobó la
Ley Mordaza, una polémica normativa que fue muy criticada por —entre otras cosas— limitar la libertad de expresión. Aunque hubo promesas de dar marcha atrás,
nunca se ha derogado, y ahora parece reactivarse el debate sobre esas libertades tras el crimen de Mocejón.
El trágico suceso ha sido detonante de los comentarios de un miembro de la Fiscalía, que planteaba la necesidad de
acabar con el anonimato en redes sociales y de desterrar a quienes cometan delito de odio al usarlas.
Que es muy fácil de decir,
pero mucho más difícil de hacer.
Y lo es porque imponer un cambio así supondría provocar un cambio radical en internet, que nació con el anonimato como uno de sus pilares. Aunque es cierto que ese anonimato ha acabado siendo un ingrediente peligroso en redes sociales, erradicarlo supondría
recortar la libertad de expresión, además de convertirse en quizás una herida letal para nuestra privacidad.
Las consecuencias sociales serían probablemente enormes, pero es que además el reto técnico es
sencillamente colosal. Obligar a que los ciudadanos se identificaran para registrarse en todo tipo de plataformas online hace que las amenazas en materia de ciberseguridad se multipliquen. No solo eso: la medida ni siquiera asegura que quienes prefieran mantener su anonimato no lo consigan.
Las VPNs, navegadores como Tor o el cifrado de los mensajes seguirían siendo barreras importantes a nivel técnico, y esto nos recuerda la reciente iniciativa del Gobierno de España al intentar
crear su "carné porno". Tanto en uno como en otro caso, la analogía es clara: esto es, una vez más, tratar de ponerle puertas al campo.
Y eso no suele salir bien.
